Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España forman parte del llamado “modelo continental”, vigente en la mayor parte de los países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Grecia…, que se caracteriza por su naturaleza, fines, financiación pública, organización y estructura democrática. Son, en consecuencia, corporaciones de Derecho Público con obligaciones específicas establecidas por ley y, aunque participan de la naturaleza de las Administraciones Públicas y están sometidas a la tutela de la legalidad de las mismas, no forman parte de ellas.
Ese era el modelo que establecía la ley 3/93, para las Cámaras, aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios y refrendada por el Tribunal Constitucional, hasta la publicación del real decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre. El proyecto del Gobierno de suprimir el recurso cameral permanente y la adscripción obligatoria, mientras que se mantiene la exigencia de cumplir funciones público-administrativas y la defensa de intereses generales resulta, en primera instancia, como mínimo, improvisada y de difícil ejecución. El que estas medidas se hayan adoptado sin que haya mediado consulta alguna, ni a las Cámaras ni a sus Administraciones tutelantes, agrava aún más su trascendencia.
Las consecuencias que se derivan de su actual enunciado podrían ser muy graves y de un alcance profundo, siendo las principales perjudicadas las propias empresas, y, especialmente, las PYMES. Estas medidas son particularmente adversas en momentos en los que, más que nunca, se necesitan empresas con futuro, aquellas que apuestan por la internacionalización, la formación, la innovación, y el uso de las tecnologías de la información, cuestiones en las que las Cámaras, junto con el apoyo a la creación de empresas y al emprendedor contribuyen, gracias a los recursos públicos disponibles, de una manera destacada. De hecho, las Cámaras son la primera institución no oficial, tras la propia Administración, que más medios destina a la promoción exterior y a la formación profesional.
Los datos económicos demuestran, sin ambages, que el esfuerzo de financiación a las Cámaras lo hacen las empresas con mayores resultados económicos (un 0,89% aportan el 64,37% de los recursos) en detrimento de las que menos tienen (más de 500.000 compañías usuarias de los servicios camerales) lo que comporta, en la práctica, un efecto redistribuidor de la cuota. Además, el 53% de las empresas españolas no paga la cuota cameral, y el esfuerzo de las empresas para financiar a las Cámaras se adapta a la coyuntura económica, ya que, excepto las compañías de gran tamaño, el resto pagan en función de los beneficios obtenidos.
Las Cámaras, con más de 450 puntos de asistencia directa a las empresas a lo largo de todo el territorio nacional, son una institución y referencia básica de la economía y la sociedad de los distintos territorios de España, especialmente en los lugares más alejados de las principales ciudades.
Con esta medida se pone en peligro un enorme capital económico y social creado a lo largo de más 125 años de historia por profesionales, en estos momentos 3.500 trabajadores especializados en el apoyo empresarial, y por empresarios que voluntariamente y sin retribución son miembros de los órganos de gobierno y de distintas Comisiones y grupos de trabajo de estas instituciones. Sobre todo si se considera que difícilmente, al menos a corto plazo, se podrá encontrar una alternativa en otras instituciones públicas y privadas para la prestación de los servicios proporcionados, y mucho menos para la defensa de los intereses generales.
Creo, serenamente, que una medida como esta debe requerir, cuanto menos, un período de reflexión y análisis. Confío en que todavía estemos a tiempo de llegar a una solución y que exista voluntad política y sentido de Estado para buscar una salida que permita la existencia en España, como en la mayoría de países de nuestro entorno, de una red de Cámaras de Comercio que continúen contribuyendo al desarrollo, a la vertebración y a la cohesión económica y social de los territorios. Unas Cámaras que sean cada día más eficaces y eficientes, como mejor instrumento al servicio de las empresas y de nuestra sociedad civil. Todavía estamos a tiempo de convertir el problema y la improvisación en una gran oportunidad.
Javier Gómez-Navarro
Presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España