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Declaración de las Cámaras de Comercio aragonesas

Las Cámaras de Comercio e Industria de Aragón somos conscientes de la grave situación económica, por lo que es más necesario que nunca el impulso a las políticas de competitividad y apoyo para nuestras empresas. Medidas como la supresión de la cuota cameral suponen un retroceso inmediato para el tejido productivo, ya que ponen en peligro toda la aportación de las Cámaras en programas de mejora de la competitividad, en incorporación de la innovación en los procesos productivos, en apoyo a la internacionalización y en desarrollo del espíritu emprendedor.

Hoy más que nunca necesitamos empresas con futuro: innovadoras, internacionalizadas, competitivas, formadas, integradas en la Sociedad de la Información. Esa es la vocación constante de servicio a las empresas y la contribución de las Cámaras en sus 125 años de historia a la comunidad de Aragón, contribución que vamos a luchar por mantener y mejorar en el futuro ya que resulta fundamental para la competitividad de nuestro tejido económico. 
 
El Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, suprime el recurso cameral permanente y establece la voluntariedad de pertenencia a las Cámaras de Comercio, a la vez que mantiene todas sus funciones legales y su carácter de entidad pública. En este contexto, que introduce profundos cambios legales y que acaba con la financiación de las instituciones camerales, el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e Industria ha decidido hoy por unanimidad, reunido en Pleno en Zaragoza, realizar la siguiente Declaración.

  1. La supresión de la obligatoriedad del pago de la cuota cameral, sin dar alternativas de financiación pública, impedirá a las empresas aragonesas el acceso a los servicios que las Cámaras ponen a su disposición y que resultan fundamentales para la competitividad y la salida de la crisis, como la internacionalización, el acceso a las nuevas tecnologías, la asesoría en la creación de empresas, el apoyo a la innovación y la formación, entre otras cuestiones. Las pymes encontrarán serias dificultades para acceder a estos servicios con la calidad, profesionalidad y objetividad que las Cámaras ofrecen.
  2. Las Cámaras de Comercio tienen un carácter independiente y constituyen un elemento imprescindible de la sociedad civil, por lo que su debilitamiento supondría la renuncia a la defensa de los intereses generales de las empresas frente a la Administración. Son órganos consultivos y de asesoramiento de las Administraciones Públicas, identificando las necesidades de las empresas y proponiendo medidas para su mejora competitiva.
     
  3. La red cameral de Aragón es la más importante de servicios de empresas y a los emprendedores en el territorio, con una notable dotación de recursos y de atención personalizada a las pymes por expertos. Su contribución al desarrollo y a la cohesión económica y social de los territorios es imprescindible, ya que llegan hasta donde nadie lo hace. Las Cámaras colaboran en el establecimiento de un entorno económico con primacía de la cultura empresarial como impulsora del desarrollo local.
  4. Las Cámaras son financiadas por recursos privados con carácter finalista, sin participar de los Presupuestos públicos. Además, su gestión es privada, ejercida  por las empresas que, democráticamente, son elegidas cada 4 años en las respectivas demarcaciones camerales. Las cuentas camerales son transparentes y objeto de auditorías sistemáticas. La supresión de la cuota cameral aboca a que funciones imprescindibles, como la internacionalización y la formación, acaben siendo financiadas por todos los ciudadanos en lugar del tejido empresarial como hasta ahora. Los pagos de la cuota están relacionados con los beneficios obtenidos por las empresas, lo que supone que los presupuestos de las Cámaras se adaptan a la coyuntura económica de las sociedades y aporta además un efecto redistributivo en favor de las pymes.
  5. La red de Cámaras de Comercio supone una de las escasas instituciones con implantación nacional y con capacidad real para la articulación e implantación de políticas comunes en todo el territorio español. Por último, el Real Decreto-Ley rompe con el modelo continental de Cámaras de Derecho público, seguido por países de nuestro entorno como Alemania y Francia, las dos primeras economías de Europa, e Italia, Holanda, Austria, Croacia, Grecia, Luxemburgo y Turquía, entre otros. Las empresas españolas no competirán en igualdad de condiciones. Y los modelos camerales evolucionarán de forma distinta en cada comunidad autónoma: en consecuencia, pueden producirse grandes diferencias en la prestación de servicios a las empresas en función del territorio donde estén implantadas, lo que atenta contra la unidad de mercado.

Zaragoza, 21 de diciembre de 2010.