La deuda histórica con Teruel: equidad y equilibrio (*)

Resulta hoy casi imposible encontrar una comunidad autónoma que no reclame la deuda histórica. Un fantasma que aparece de forma recurrente, acompañado de las balanzas fiscales. Un concepto que en el fondo remite a una financiación autonómica insuficiente y que, en otras ocasiones, sirve también para tapar un gasto público incontrolado. Sin embargo, la deuda real del Estado tiene mucho más que ver con el olvido que con el vicitimismo (histórico también). Tiene que ver con provincias como Teruel, que no pueden desarrollar su potencial y que no reciben casi nada de inversión estatal.

La inversión pública del Estado contribuye de forma decisiva al desarrollo económico de un territorio. Las diferentes Administraciones subcentrales pugnan, en especial en realidades institucionales descentralizadas como España, por la atracción de recursos económicos provenientes del Gobierno central. Y lo hacen a partir de un debate en el que las reclamaciones regionales se anclan en dos argumentos: la deuda histórica y las balanzas fiscales.

En el caso de las balanzas fiscales, la discusión se centra en los saldos: la diferencia entre los gastos e ingresos fiscales de una región en relación con la actividad presupuestaria del Estado central. La deuda histórica, por su parte, podría entenderse como un fuerte agravio comparativo, bien en relación con los escasos recursos que el Estado habría invertido históricamente en un territorio, bien con la existencia de una menor financiación regional por habitante. La combinación de ambos argumentos tiene como objetivo principal el logro de un incremento en los recursos de libre disposición de las Administraciones territoriales.

En el marco de la estabilidad presupuestaria y dado el grado de descentralización ya alcanzado en España, los recursos de todas las Administraciones subcentrales tienen cada vez más difícil poder crecer a partir de nuevas transferencias del Estado. De ahí que las balanzas fiscales y la deuda histórica sean los razonamientos empleados por las regiones que, a título individual, aspiran todavía a engrosar sus presupuestos con recursos de la Administración central.

No obstante, el debate puede reconducirse a la exigencia de inversiones públicas que escapan al control de una Administración regional o local, y que, al tiempo, ostentan el potencial de suponer un claro punto de inflexión en el desarrollo de un territorio. En este sentido, más allá de la petición de transferencias adicionales y permanentes del Gobierno central, existen razones de peso para poder plantear al Gobierno central la finalización de proyectos claves que estimularían de forma decisiva no sólo el desarrollo de la provincia de Teruel, sino el del nordeste de España: la línea de alta velocidad Valencia-Bilbao y la autovía Cuenca-Teruel, así como los tramos pendientes de la autovía del Ebro y la posible autovía entre Alcolea del Pinar y Monreal del Campo (eje de la N-211).

Ambas inversiones escapan a las competencias y posibilidades financieras del Gobierno de Aragón. Sin embargo, el impacto económico positivo que se desprendería de estos proyectos potenciaría la productividad de manera transversal y más allá de Teruel, al beneficiar a todo el nordeste de España.

La provincia de Teruel presenta unas peculiaridades que, en el marco de los fundamentos demográficos que inspiran el sistema de financiación de las autonomías, arrojan una fotografía nada nítida de la realidad turolense. El envejecimiento de la población limita el crecimiento económico a futuro y produce un efecto estadístico desvirtuador sobre la riqueza de la provincia. Así, la reconducción de los cálculos de la riqueza a una ratio por habitante, si bien coloca a la provincia de Teruel con una renta per cápita por encima de la media nacional, oculta el hecho de que los servicios fundamentales del Estado social pueden prestarse en Teruel gracias a la transferencia neta de recursos que efectúa el Gobierno de Aragón (y, en parte, el de España).

En consecuencia, más allá del recurso a deudas históricas o a saldos fiscales, para poder explotar sus fortalezas turísticas, logísticas o industriales la realidad económica de la provincia de Teruel demanda competir en igualdad de condiciones en términos de infraestructuras. No se trata de implorar transferencias adicionales del Gobierno central, sino de acabar con un déficit de infraestructuras que impide a Teruel desarrollar todo su potencial. Ni más, ni menos. Ni deuda ni balanzas, sino equidad y equilibrio. Eso sí que sería histórico. Si existe una deuda de verdad, es la que España y los españoles tenemos con Teruel.

José Miguel Sánchez, secretario general del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio

(*) Publicado en Heraldo de Aragón del 1 de marzo de 2016