El verano ya pasó

• Por Eduardo Sanz. Responsable de Economía de la Fundación Basilio Paraíso

El consenso generalizado sobre las previsiones de crecimiento de la economía española para el tercer trimestre de 2016 mantiene una opinión francamente positiva. El aumento en el consumo interno y los datos que se publican sobre el sector turístico serían los factores principales que avalarían el sostenido incremento de la actividad productiva. No obstante, ambos factores se hallan intensamente correlacionados y, a su vez, su evolución responde a un fuerte patrón estacional.

Desde el punto de vista político, la formación de un nuevo gobierno queda descartada, al menos, hasta la celebración de los comicios regionales en Galicia y el País Vasco –so pena, incluso, de una tercera convocatoria electoral–. Si bien la coyuntura internacional y la aprobación de los Presupuestos de 2016 han permitido a la economía española sortear la inexistencia de un Ejecutivo, las previsiones para 2017 apuntan hacia una ralentización significativa de la tasa de crecimiento de la economía. Como mal menor, las cuentas públicas de 2016 serán prorrogadas a 2017 y materializadas por la Administración General del Estado, cuyo funcionamiento no depende de la formación de un nuevo Gobierno.

Así las cosas, más allá de constatar los beneficios de un consenso político que ni está, aunque se le espera, la arquitectura constitucional española sí ofrece un punto de apoyo positivo. La estructura descentralizada del Estado permite que la parálisis política nacional no se traslade a Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Las cuales, en conjunto, gestionan más recursos que el Estado central y despliegan sus competencias en materias clave para asegurar el bienestar de los ciudadanos. Ahora bien, la capacidad de Comunidades Autónomas y Entidades Locales para amortiguar el efecto de unos Presupuestos Generales prorrogados –en un escenario que diferirá sustancialmente del de 2016– exigiría la coordinación, al menos parcial, del grueso de medidas tributarias y de inversión que se adopten.

Como quiera que el horizonte electoral regional y local no queda afectado por el calendario nacional, la cooperación entre Comunidades Autónomas y Entidades Locales incrementaría la seguridad jurídica de los agentes económicos, en especial por lo que se refiere a la toma de decisiones productivas en un clima de creciente incertidumbre. Y es que… el verano ya pasó.