Las empresas de Zaragoza, contra el alza fiscal

Zaragoza (21/10/2011). La Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ), CEPYME-Zaragoza y la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, junto con las asociaciones empresariales a las que representan, lanzan un manifiesto contra el incremento de la presión fiscal del ayuntamiento a las empresas.

El manifiesto señala que la subida fiscal en Zaragoza va en dirección contraria a las políticas que se necesitan en el momento actual para generar empleo y riqueza en la ciudad. Asimismo, recuerda que subidas impositivas para el 2012 de hasta un 30%, como se plantea en el IAE, y de entre un 10% y un 20% en el IBI, resultan inaceptables y un despropósito en una coyuntura económica que ha causado el cierre de cientos de empresas y comercios en los últimos años.

En esta línea, CEZ, CEPYME y Cámara de Comercio reiteran que la moderación de la presión fiscal resulta decisiva para recuperar la confianza de los empresarios y emprendedores, y para generar la inversión necesaria para recuperar el crecimiento económico, el empleo y el consumo. Las empresas precisan de apoyo y no de una nueva vuelta de tuerca que ahogue aún más su delicada situación económica.

MANIFIESTO

MANIFIESTO EMPRESARIAL CONTRA EL INCREMENTO DE LA PRESION FISCAL A LAS EMPRESAS

La Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ), CEPYME-Zaragoza y la Cámara de Comercio e Industria, junto con las Asociaciones Empresariales a las que representan, y ante el incremento de la presión fiscal a las empresas que baraja el Ayuntamiento de Zaragoza para 2012, con subidas impositivas en el IBI entre un 10% y un 20% (para valores catastrales superiores a un millón de euros)  y entre el 5% y 30% en el IAE (según situación física del local).

MANIFIESTAN:

1.- Que las organizaciones empresariales son conscientes que los tributos municipales resultan vitales en la financiación de los ayuntamientos, pero el tejido empresarial, creador de riqueza y empleo, está inmerso en una situación de crisis donde la falta de demanda, la dificultad en los cobros y en la financiación son factores, entre otros, percibidos por la mayoría de las empresas con preocupantes expectativas de prolongarse.

2.- El IBI y el IAE son figuras impositivas que no gravan la capacidad económica de los contribuyentes, sino la mera tenencia de un inmueble, o el mero ejercicio de una actividad económica, al margen que esta arroje beneficios o pérdidas, por lo que es radicalmente falso que estos tributos vayan a gravar a los contribuyentes de mayor capacidad económica. Por otro lado, una empresa, o una actividad económica no es por sí misma ni rica ni pobre, en todo caso lo serán sus propietarios, partícipes o accionistas, encontrándose estos en muchos casos fuera de nuestra ciudad, o incluso de España, por lo que lo que se pretende gravar es la mera actividad económica, siendo inciertas algunas expresiones que se están utilizando de manera improcedente como que la subida tributaria afecta “a los ricos”. Es por ello que el incremento de la presión fiscal del IBI y el IAE a las empresas perjudicará al tejido productivo y de servicios de la ciudad, y afectará a la creación de empleo y la competitividad

3.- Cualquier incremento de costes significa dadas las rigideces del mercado la necesidad imperiosa de hacer un recorte equivalente en otras partidas, como compras, personal, subcontratas, etc.., por lo que esta medida en cuanto que penaliza en especial a las empresas supone aumentar la dificultad de supervivencia de ellas al disminuir su competitividad.

4.- Que se trata de medidas que van en dirección contraria a las políticas que se necesitan en el momento actual para generar empleo y riqueza en la ciudad. Los partidos políticos mayoritarios expresaron en la última campaña electoral su compromiso de no incrementar la presión fiscal a las empresas y favorecer la creación de empleo.

5.- Que las subidas impositivas para el 2012 de hasta un 30%, como se plantea en el IAE, y de entre un 10% y un 20% en el IBI, resultan inaceptables y un despropósito en una coyuntura económica que ha causado el cierre de cientos de empresas y comercios en los últimos años.

6.- Que en el año 2011 ya se produjo un incremento similar en ambos impuestos, por lo que por segundo año consecutivo, es el tejido empresarial el que vuelve a sufrir el mayor aumento en la presión fiscal. Y no son solo las grandes empresas las perjudicadas, ya que estas tienen sus suministradores y clientes que se verán afectadas también por el efecto arrastre.

7.- Que esta nueva subida local en la presión fiscal se une a la delicada situación de la  economía de nuestra ciudad, con una destrucción de 8.000 empresas y autónomos desde el 2008, un aumento en el numero de parados del 101% (52.608 en agosto 2011 frente a 25.638 en agosto 2008), con una tasa de paro del 20,3% (aumento del 325% desde 2008), y una tasa de paro juvenil del 26%, con grandes dificultades para la obtención de financiación y para el cobro de sus deudas, repercutiendo negativamente en la competitividad de nuestras empresas y de nuestra ciudad.

8.- En la propuesta después de cargar unos incrementos injustificadamente altos y discriminatorios como hemos argumentado, se proponen a modo paliativo una serie de bonificaciones por la inversión en sistemas de energía limpia y por creación de empleo. El legislador cree que para pagar menos impuestos las empresas invertirán y crearán empleo ¿con qué dinero?. Hay dos falacias en esta postura del legislador, la primera es de tipo doctrinal y la segunda de índole económico-empresarial.

9.- Una norma fiscal debe ser económicamente neutra, esta es una ley básica de todo sistema fiscal, ley que la propuesta incumple. Si el Ayuntamiento quiere impulsar las energías limpias y fomentar el empleo, puede hacer una Ordenanza para impulsarlas, pero ligarlo de manera discriminatoria no es correcto ni desde la óptica fiscal ni desde la ética. De hecho la medida es contraproducente con la creación de empleo.

10.- La falta de diálogo previo es lo que ha provocado estas disfunciones. Esa falta de diálogo debe corregirse de manera inmediata, y llevar un diálogo en paralelo a la tramitación formal, con el sector empresarial, para ajustar la norma evitando los abusos contraproducentes y las disfunciones que si sigue esta propuesta adelante se pondrán de manifiesto en los próximos meses aumentando la  mortandad empresarial, también de las pymes y los autónomos que se verán indirectamente también afectados por más que lo niegue el Ayuntamiento.

No podemos estar perdiendo 2.000 empresas por año en Zaragoza, y al menos una ordenanza fiscal no debiera contribuir a ello.

Por todo ello, las organizaciones firmantes reiteran que la moderación de la presión fiscal resulta decisiva para recuperar la confianza de los empresarios y emprendedores y para generar la inversión necesaria para recuperar el crecimiento económico, el empleo y el consumo. Las empresas precisan de apoyo y no de una nueva vuelta de tuerca que ahogue aún más su delicada situación económica.

• Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ)
• Cepyme Zaragoza
• Cámara de Comercio e Industria

Zaragoza, 21 de octubre de 2011