Negociar acuerdos

• Editorial de Eduardo Sanz, responsable del área de Economía de la Fundación Basilio Paraíso

La revisión de las previsiones sobre el crecimiento económico para España (también, específicamente, para Aragón) apuntan hacia una ralentización de la actividad. La volatilidad de los factores que coadyuvaban al impulso de la economía española –precio del petróleo, tipo de cambio y estabilidad política, interna y europea– demanda la aprobación de medidas reformistas capaces de contrarrestar una relajación de la tasa de crecimiento.

En este sentido, la bondad de cualquier reforma económica estructural redunda en su vocación de permanencia. Y, dada la aritmética parlamentaria actual, la necesidad de negociar acuerdos, de pactar, se revela como insoslayable, por lo que el éxito de cualquier reforma exige que su resolución cuente con el mayor respaldo posible.

A tal fin, cual trasunto de las relaciones mercantiles, la base de un acuerdo político implica que ninguno de los actores participantes pueda esgrimir ni una victoria ni una derrota absolutas. De lo contrario, más que de acuerdos, el resultado se asemeja más a una imposición, de cuya observancia se desentenderá a la mayor brevedad posible la parte que se sienta perjudicada.

Claro que, más allá de la opción de intentar acuerdos, la incapacidad política para administrar la pluralidad parlamentaria ofrece, al menos, dos alternativas. La primera, la iteración ilimitada del proceso electoral hasta que el resultado consolide una amplia mayoría, superando un escenario de fragmentación. La segunda, la sustitución del sistema electoral actual, por ejemplo, bien por un sistema de segunda vuelta, bien por un sistema mayoritario, à la británica.

La peculiaridad de la segunda alternativa descansa en que aquella precisa de la aprobación una reforma constitucional. Y las reformas constitucionales en cualquier democracia consolidada se alcanzan, afortunadamente, de común acuerdo.