Propuesta normativa de la Cámara para frenar la ocupación ilegal de inmuebles

• Elaborada por el catedrático de Derecho Administrativo José María Gimeno Feliu, a petición de la Cámara de Comercio de Zaragoza, ofrece una posible solución al problema de las ocupaciones ilegales

Zaragoza (6/11/20). Un procedimiento administrativo impulsado por un notario, en su condición de funcionario público, puede convertirse en una herramienta rápida, eficaz y con pleno rigor jurídico en el supuesto de ocupaciones de inmuebles. Se trataría de una solución complementaria a las que actualmente ofrece la ley, tanto por la vía civil como la penal, diseñada para ofrecer protección inmediata a la propiedad ante los casos de manifiesta ocupación ilegal.

Es la propuesta de solución normativa a la ocupación ilegal de inmuebles elaborada por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno Feliu, a petición de la Cámara de Comercio de Comercio de Zaragoza, y que hoy se ha presentado de forma virtual a los medios de comunicación en presencia del presidente de la institución, Manuel Teruel. La iniciativa se enmarca en el ejercicio activo de la función consultiva de la Cámara de Comercio, orientada a elevar propuestas de interés económico y social a los estamentos correspondientes.

Según ha explicado Manuel Teruel, en un momento de crisis económica como el actual, donde resultan más vitales que nunca la confianza y la seguridad jurídica para poder seguir con la actividad económica, la posibilidad de que se produzcan ocupaciones ilegales de bienes inmuebles frena las inversiones empresariales y la compraventa inmobiliaria. En este sentido, la seguridad jurídica es “un factor de progreso y de crecimiento económico, y no habrá inversiones sin un marco jurídico que ofrezca estabilidad y garantías”, ha subrayado.

La propuesta elaborada por Gimeno Feliu parte de la base de que la cuestión de la ocupación de viviendas y de inmuebles es un claro ejemplo de distorsión jurídica en la aplicación de la solución. “Más allá del debate ideológico sobre el alcance del derecho a la vivienda, se trata de dar respuesta jurídica al problema analizando también la conveniencia de ajustes normativos”, ha indicado.

Según su informe, el marco normativo actual resulta insuficiente para resolver el problema de la ocupación ilegal, ni desde el orden penal ni desde el civil. De ahí que la propuesta añada una solución complementaria basada en la actuación de un profesional especializado en las cuestiones de propiedad y de posesión, con indudables notas de imparcialidad y confianza social, como es el notario.

El control preventivo del cumplimiento de la legalidad a través de esta figura, en colaboración con los Registradores de la Propiedad, se convierte en la más eficaz defensa en los eventuales conflictos entre propiedad y posesión del inmueble. Además, la presencia de un funcionario público con alta preparación técnica garantiza la corrección de la decisión, evitando la excesiva judicialización del proceso y reduciendo su litigiosidad.

Para poder implantar esta solución es necesario desarrollar una normativa (Ley o Real Decreto Ley de ámbito estatal) que habilite un procedimiento administrativo para permitir la rápida intervención del notario, así como su respuesta ante el conflicto. Por ello, la Cámara de Comercio de Zaragoza ha trasladado este informe, junto con una propuesta de articulado de la ley, a la Cámara de España, a los diferentes partidos políticos y administraciones.