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Empresa en Marcha: Cámara Zaragoza y la crisis del Covid-19

Normativas publicadas en el BOE/BOA de 25 de junio de 2020

NORMATIVA AUTONÓMICA. BOA 25 de junio de 2020.

1.DECRETO-LEY 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica.

La necesidad de aprobar este Decreto-Ley es clara en este supuesto y se deriva de la necesidad de impulsar de forma urgente e inmediata las medidas extraordinarias que han tenido que adoptarse en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica con la finalidad de paliar las graves repercusiones que la crisis ocasionada por el COVID-19 ha generado sobre la sociedad aragonesa, desde todas las perspectivas.

El Capítulo I está dedicado al objeto de la norma. El Capítulo II incluye medidas presupuestarias que declaran ciertos créditos ampliables; establece la posibilidad de realizar transferencias mensuales de forma anticipada a los Organismos Públicos; permiten el endeudamiento a corto plazo; habilitan para la adopción de medidas extraordinarias en relación con la gestión del presupuesto; y, por último, regulan un régimen especial de modificaciones presupuestarias, todo ello para impulsar de forma más ágil y eficiente la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica.

Las disposiciones incorporadas en el Capítulo III tienen por objeto la simplificación administrativa y agilización de los expedientes de gasto, dispensando la autorización del Gobierno de Aragón en la tramitación de determinados expedientes; autorizando el pago con firma electrónica; y habilitando a la Intervención General a sustituir la fiscalización previa por el control financiero en determinadas áreas de gestión.

En el Capítulo IV se adoptan medidas que afectan al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Públicos, previendo la creación de unidades transitorias de apoyo a la gestión; reiterando el periodo ordinario de disfrute de las vacaciones para el 2020; previendo la regulación del teletrabajo, también en los centros de trabajo de las sociedades mercantiles autonómicas.

En cuanto al Capítulo V, dispone la aplicación del procedimiento de urgencia del artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, como mecanismo para agilizar la tramitación de los expedientes de contratación. Asimismo, prevé un régimen especial de publicidad para los contratos que se celebren para impulsar las medidas contenidas en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica.

En el Capítulo VI se regula la posibilidad de conceder de forma directa las ayudas que se recogen en el anexo que acompaña al Decreto-Ley, así como un régimen especial simplificado para la tramitación de las líneas de subvenciones que se hubieran concedido, que tengan que adaptarse o que se deban poner en marcha para impulsar la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica. Por último, se flexibiliza la exigencia del mantenimiento del empleo en materia de ayudas y subvenciones públicas.

El Capítulo VII introduce la declaración como urgentes de los procedimientos administrativos vinculados a la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica y un régimen especial de aprobación de las disposiciones de carácter general que tengan que aprobarse para impulsar las medidas contenidas en la misma.

En el Capítulo VIII, dedicado a medidas en materia económica e industrial, se introduce un precepto sobre reafianzamiento con sociedades de garantía recíproca; la autorización para convocar de forma extraordinaria el Programa de Ayudas a la Industria y la PYME (PAIP); la priorización de pago a pymes y autónomos; la moratoria en contratos patrimoniales otorgados por entidades de derecho público y sociedades mercantiles autonómicas; o medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado en Aragón.

El Capítulo IX regula medidas en materia de empleo que permiten flexibilizar algunos requisitos sobre mantenimiento del empleo; y que introducen medidas extraordinarias en materia de centros especiales de empleo, empresas de inserción y sociedades cooperativas, sectores muy sensibles a la volatilidad económica y a los que el Gobierno quiere proteger especialmente.

En el Capítulo X se abordan medidas relacionadas con la investigación, el desarrollo y la innovación científica, fundamentales para impulsar el programa de recuperación previsto en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica. En particular, se va a potenciar la investigación a través de la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID), que va a incorporar investigadores del área biosanitaria y de tecnologías médicas; y la innovación y la tecnología, impulsando acciones de fomento especialmente dirigidas a pymes y emprendedores.

En el Capítulo XI se introduce, en materia de enseñanza universitaria, un programa de becas para facilitar el acceso a la Universidad de Zaragoza a estudiantes de grado, que se hayan visto afectados económicamente de manera significativa por la crisis causada por el COVID-19.

El Capítulo XII se dedica a medidas relacionadas con la cadena alimentaria, proponiendo la concesión de determinadas ayudas en este ámbito.

Por último, en el Capítulo XIII, se prevén medidas en materia de transporte, en particular el que afecta al transporte de viajeros por carretera.

Además, se incorpora un anexo en el que se relacionan las ayudas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Decreto-Ley, en relación con el 27 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, se concederán de manera directa.

2. ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad a la reanudación de los plazos para el pago en voluntaria de liquidaciones provisionales del impuesto sobre la contaminación de las aguas que fueron suspendidos por razón de la declaración de estado de alarma.

Se da publicidad a la reanudación, con efectos del día 29 de junio de 2020, del período voluntario de pago del Impuesto sobre la contaminación de las aguas.

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